Durante la mañana Padres de alumnos de la fundacion "Felices los Niños" Cortaron Gaspar Campos entre el Rio reconquista y la calle De la Tradicion (Hurlingham). La convocatoria la realizó el actual director de la entidad, Juan Manuel Casolatti, a los padres de las 10 escuelas que funcionan en el predio de la calle Gorriti 3520, en Hurlingham
Allí, Casolatti rechazó la medida administrativa del gobierno de María Eugenia Vidal y denunció que, en realidad, se trata de una medida “desproporcionada y malintencionada” que tiene otros objetivos. “La gobernación quiere las tierras para hacer un emprendimiento inmobiliario”, afirmó en declaraciones, donde además anticipó que mañana viernes presentará una apelación en la justicia para reclamar que se frente con el proceso de disolución, y un amparo para que la fundación continúe con sus actividades.
Anteriormente el estado provincial dispuso una "intervención liquidadora" de la Fundación Felices los Niños, por el término de seis meses a raíz de graves irregularidades administrativas, como paso previo a su cierre definitivo - Nota completa en: "Cierra la fundación Felices los niños"
Juan Manuel Casolatti declaró ante unos 50 padres que estaban en la manifestación que “Para quedarse con los terrenos, la fundación tiene que desaparecer. Y para que eso pase inventaron dos motivos: la falta de balances y maltratos a una nena, en un caso que surgió hace un mes y que la propia chiquita desmintió”, detalló Casolatti. Es más: reveló que hace seis meses estuvieron funcionarios de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) viendo el predio en tres ocasiones consecutivas. Por eso habla del negocio inmobiliario.
“Vamos a seguir trabajando como siempre. El tema es que estamos asfixiados económicamente, porque hace 6 meses que no pagan una parte de las becas del hogar, pero nos derivaron niños. Tenemos 53 menores con nosotros en perfectas condiciones pero nos mandaron hasta un bebé de tres meses con HIV, llamado Benjamín, que lo estamos cuidando como si fuera nuestro hijo. Fijate hasta dónde llega la mala intención de esta gente”, sentenció Casolatti.
Por otro lado El estado provincial lo acusa de acumular tres intimaciones desde setiembre del año pasado intimando a regularizar la situación administrativa, y explicar o demostrar en que gastaba un millon doscientos mil pesos que recibe mensualmente de la provincia
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