Durante el lapso que dure la intervención los servicios de comedor y asistencia se seguirán prestando y es intención de la gobernación reubicar en forma paulatina a los 52 niños que están alojados en la actual en el predio de Hurlingham.
El actual interventor Juan Manuel Casolati, designado cuando la provincia de Buenos Aires se hizo cargo en forma directa de la Fundación, "acumulaba tres intimaciones desde setiembre del año pasado intimando a regularizar su situación administrativa", detallaron a Télam los voceros. Indicaron además que la deuda en el 2008 -mientras se dirimía el proceso por abuso al cura- era de 20 millones de pesos y ahora Casolati no pudo explicar cómo invertía el milón y medio de pesos que recibía del estado provincial.
El factor administrativo no fue solo lo que decidió al gobierno bonaerense a volver a intervenir la Fundación sino también una denuncia por malos tratos contra menores que radicó uno de los empleados de la Fundación.
En el Hogar que creó Grassi se le daba asistencia durante el día y muchos de ellos dormían allí a la noche. Durante el plazo que dure la intervención los menores podrán ser adoptados por otras familias, egresar por ser mayores de edad o ser reubicados en otros hogares.
Casolati había sido designado por el ex gobernador Daniel Scioli cuando Grassi fue separado del cargo y adquirió notoriedad en el 2014 cuando denunció que el cura desde la unidad penal de Campana donde estaba alojado, hacía derivar donaciones de la Fundación a esa cárcel para beneficio personal.
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