Por Laura Vales
 El escándalo por los prostíbulos de San Miguel puso en estado de alerta a funcionarios y concejales del riquismo. El martes, apenas la policía allanó Imagina, Hawai y El Porteño, hubo una imprevista reunión nocturna en el despacho del presidente del Concejo Deliberante, Claudio Pérez. Fue la primera señal de la preocupación reinante por los alcances que puede tomar el caso. Todavía la televisión no había difundido la cámara oculta en la que el dueño de Imagina se jacta de su inmejorable relación con Pérez y con el propio Aldo Rico, y en la que habla de las coimas destinadas a políticos y policías, pero entre los hombres de Rico ya reinaba un clima de nervios destrozados. La verdad es que en San Miguel hay más de un funcionario con buenos motivos para preocuparse.
La relación entre políticos locales y los responsables del cabaret Imagina fue comprobada ya a principios del año pasado por el diario zonal La Hoja. Siguiendo el camino de la comida que reparte la Dirección de Desarrollo Social, los periodistas de ese medio encontraron que muchos de los bolsones de alimentos destinados a personas sin recursos terminaban en realidad en ese local nocturno. El diario publicó una nota denunciando lo que ocurría, pero en la Municipalidad nadie se mostró interesado en averiguar qué estaba pasando. Ahora, el tema toma una dimensión mucho más grave: la presunción de que parte de la ayuda social fue utilizada para alimentar a las mujeres que ejercían la prostitución.
“Imagina había sido allanado ocho meses atrás, cuando en el lugar estaba trabajando un buen número de chicas sin ningún tipo de documentos, que obviamente ejercían la prostitución”, aseguró a este diario una fuente policial. Sin embargo, el boliche siguió trabajando como si nada.
Los responsables de controlar el funcionamiento de los locales nocturnos son dos ex carapintadas que acompañaron a Rico durante toda su carrera política. Uno de ellos Gustavo Salerno, quien pasó a retiro luego de los levantamientos militares y fue después secretario de Interior del Modín y empleado del bloque de diputados riquistas en el Congreso nacional. El otro es el inspector Julio Flores, también militante del Modín de la primera hora.
Claudio Pérez, el titular del Concejo Deliberante a quien el dueño de Imagina, Vicente Serio, señaló como su amigo, también tiene una historia. El hombre es un político de vieja militancia dentro del PJ, que entró a la Muncipalidad como un empleado más en 1983, y desde entonces fue escalando rápidamente posiciones. En el ‘96, el panadero Manuel Casal lo denunció por haberle pedido una coima para dejarlo trabajar tranquilo. Pérez tenía por entonces un cargo de director municipal; hubo una investigación y su segundo, Julio González, terminó tras las rejas. La Justicia no encontró pruebas suficientes para detener al actual presidente del Concejo Deliberante, a pesar de las afirmaciones del panadero. Que, por esas cosas del destino, hoy trabaja bajo la órbita del funcionario a quien denunció sin éxito.

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