La justicia busca al Intendente

El intendente del partido bonaerense de San Miguel, José de Luca, está prófugo de la Justicia luego de que se pidió su captura nacional e internacional en una causa en la que se lo imputa de haber malversado fondos que debían haberse utilizado para un colonia de verano a la que concurrían discapacitados. La captura fue ordenada por el titular del Juzgado Federal N°1 de San Martín, Hugo Daniel Gurruchaga, quien ayer ordenó varios allanamientos para dar con el jefe comunal y secuestrar documentación.

El delito que se le imputa a De Luca es el de administración fraudulenta calificada por perjuicio a la administración pública, en concurso ideal con falsificación de instrumento privado o uso de instrumento privado falso. Esos términos legales se refieren al uso de facturas y recibos falsos para fraguar pagos.

Elegido durante las elecciones del año último como intendente de San Miguel, De Luca milita en la Liga Federal del justicialismo bonaerense y se alinea detrás del presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri, aunque también se lo vincula con el ministro de Obras Públicas bonaerense, Hugo Toledo, según se comenta en círculos políticos.

De Luca estaba suspendido en sus funciones desde el 13 de septiembre último, a raíz de que en otra causa, a cargo del juez en lo penal N° 6 de San Martín, doctor Juan Carlos Sorondo, se le había pedido una condena de cuatro años de prisión por presunta malversación de caudales públicos.
El intendente prófugo había recusado al juez Sorondo en esa causa, pero el viernes último la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de San Martín rechazó la recusación, con lo cual le dio vía libre al juez Sorondo para seguir adelante con la investigación.

El concejal Carlos Ramo, también del PJ, reemplazó a De Luca al frente de la intendencia, luego de la acusación presentada contra el intendente en la causa que instruye Sorondo

Polenta y mate cocido

Durante la investigación se habría demostrado que se presentaron facturas de 44.000 pesos mensuales para pagar un servicio de catering que debía dar el desayuno y el almuerzo a los concurrentes a la colonia, que en realidad desayunaban mate cocido y almorzaban polenta. En rigor, las facturas eran falsas y el servicio nunca se había contratado, explicó el fiscal Jorge Sica. Otras irregularidades encontradas, según el fiscal, fueron:


Se pagaron 2000 pesos por los dos meses de alquiler de los terrenos donde se instaló la colonia, en José C. Paz, aunque se presentaron facturas por 2500 pesos mensuales.

Se dijo que a los maestros se les pagó 500 pesos de sueldo, cuando la cifra real fue de 250.

Se presentó una boleta por 7000 pesos supuestamente utilizados para hacer una fiesta de fin de año. Lo real: los chicos se disfrazaron y jugaron al carnaval.

Colonia de vacaciones

Los hechos por los que se investiga a De Luca se habrían producido durante enero y febrero de 1993, cuando se desempeñaba como secretario de Gobierno en la intendencia de General Sarmiento, a cargo entonces de Luis Ortega, hermano de Ramón "Palito", el ex gobernador tucumano. Para esa fecha, Ortega firmó el decreto 222, supuestamente a pedido de De Luca, para otorgar un subsidio a una entidad, en rigor inexistente, denominada Olimpíadas Especiales Provincia de Buenos Aires, que debía organizar una colonia de vacaciones para personas discapacitadas, dijeron fuentes judiciales. En rigor, el subsidio por 158.000 pesos fue pedido al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, que lo hizo efectivo mediante dos cheques. Las fuentes dijeron que como organizador de la colonia figuraba Elio Boris Fraga Corral, aunque se sospecha que se trataría de un testaferro, para quien también se pidió la captura y permanece prófugo. Al frente de la colonia fue designada Olga Inés Vera, dueña de una empresa dedicada al transporte de escolares, que tenía habituales contratos con la municipalidad de General Sarmiento. La mujer fue detenida ayer a la mañana, cuando también fue allanado el domicilio de De Luca, situado en Williams 1530, en San Miguel. La sede de la intendencia, en Belgrano 1134, también fue allanada durante la tarde por personal de la Gendarmería Nacional.